Nota de Opinión publicada en La Nación el 1-02-10: “Debates que abre el Fondo del Bicentenario”

Por Patricia Bullrich, Juan Carlos Vega y Federico Pinedo

Cuando el 27 de diciembre de 2009, los firmantes de esta columna decidimos presentar ante la justicia argentina una acción de amparo para cuestionar la constitucionalidad de un decreto firmado por la presidenta Kirchner, sabíamos de los riesgos políticos que corríamos y que estábamos obligados a expresar nuestro reclamo de justicia con absoluto rigor jurídico.

Era un decreto presidencial fundado en razones de necesidad y urgencia, por el cual se transferían al Poder Ejecutivo reservas del Banco Central por un monto de 6598 millones de dólares y se habilitaba la libre disponibilidad de esas reservas de hasta un monto tres veces superior. Nuestra motivación fue clara y está expresada en los escritos judiciales.

Defendimos la independencia funcional y jurídica del Banco Central de la República y la intangibilidad de sus reservas, como única garantía para su inembargabilidad. Dijimos que el decreto de necesidad y urgencia 2010 colocaba las reservas del Banco Central en “zona de riesgo de embargos” por parte de los holdouts .

Después de cinco años del canje de deuda en default, aprobada por más de un 70% de los acreedores, nuestro país sigue a merced de embargos dispuestos por jueces extranjeros claramente incompetentes. Inexplicablemente, el gobierno nacional nunca cuestionó esa incompetencia jurisdiccional. Lo cierto es que hoy tenemos una sentencia de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que nos da la razón y que confirma la decisión de la digna jueza Sarmiento. El tema ha terminado en sede judicial. No hay recurso extraordinario en contra de medidas cautelares. Y el nuestro es un sistema judicial de doble y no de triple instancia.

El decreto de necesidad y urgencia 2010/09 es inconstitucional y las reservas del BCRA no las pueden tocar ni la señora presidenta ni los jueces extranjeros que, alegremente, embargan activos argentinos en contra de la doctrina Drago, de plena vigencia en el derecho internacional del siglo XXI.

Así como fuimos responsables del amparo que generó esta decisión judicial, nos corresponde ahora la responsabilidad de hacer una lectura serena y objetiva de las lecciones que dejó esta crisis.

a) Lo primero es decir que esta victoria judicial no debe ser vista como un éxito político de la oposición. Esa tentación de mezquindad política es lo primero que hay que evitar. Lo logrado es un éxito del ciudadano de a pie. El país ha sido defendido frente a un abuso de poder y lo hemos defendido con la ley.

b) Que quede claro que con la acción de amparo lo que cuestionamos no fue una decisión de política económica, sino una decisión de política constitucional. No es competencia de la Justicia analizar el acierto o el error de la decisión política. Lo que impugnamos ante la Justicia fue el proceso constitucional de la toma de decisión y no la decisión en sí misma. Y la Cámara nos dio la razón, cuando afirma que nunca existió ni necesidad ni urgencia, y que el proceso de gestación de esta decisión es inconstitucional.

De allí que sea temerario, o abiertamente malicioso, decir que hemos judicializado la política. Son la Presidenta y su jefe de Gabinete quienes lo han hecho. Nosotros nos hemos limitado a defender los derechos humanos del ciudadano argentino, conforme a los artículos 43 de la Constitución nacional, y 8 y 25 de la Convención Americana.

Porque debe saberse que los derechos humanos son los derechos del individuo frente a la prepotencia de los Estados y frente al abuso de poder de los mercados. Ningún gobierno puede arrogarse su propiedad. Y el DNU 2010 fue un acto con el doble vicio lesivo de derechos humanos: un abuso de poder estatal, que habilitó un abuso de poder de los mercados. Esto es, los embargos internacionales.

c) El nivel cultural de la respuesta del Gobierno frente a nuestra postura constituye otra obligada lectura de la crisis. Tanto la señora presidenta como su jefe de Gabinete construyeron un discurso bélico defensivo de sus actos. De la irritación se pasó a las amenazas. Recuérdese que la jueza Sarmiento y dos de los firmantes de esta columna estamos denunciados penalmente. Este discurso gubernamental descontrolado no es nuevo. Es expresión del agotamiento del modo kirchnerista de concebir la política; una política entendida simplemente como la dialéctica amigo-enemigo. Pero lo más grave de esta concepción del poder es creer que las derrotas deben ser siempre “heroicas”, y de allí a la violencia hay un solo paso. Por eso, la oposición debe actuar con enorme responsabilidad, a fin de evitar todo riesgo de llevar violencia a la sociedad.

d) La cuarta lectura es francamente optimista, y pasa por decir que muchos más jueces argentinos de los que se suponen militan en el espacio de jueces de la ley. Tradicionalmente, a los jueces argentinos les ha costado controlar abusos del poder, que normalmente conllevan corrupción. Balzac, en el siglo XIV, nos hablaba de los jueces del poder y de los jueces de la ley; esta crisis ha permitido que aparecieran jueces argentinos comprometidos con la ley y no con el poder, y ello es una buena noticia para la sociedad argentina.

d) Otra lectura pasa por la economía. El regreso de la Argentina a los mercados voluntarios de deuda, que puede ser positivo para el país, no puede hacerse a cualquier precio. Los holdouts y nuestros funcionarios responsables de negociar la deuda deben saber que, para que esa negociación tenga legalidad, deberá existir un expreso reconocimiento de que la única jurisdicción aplicable a la deuda generada por el default es la argentina. Que todas las otras jurisdicciones extranjeras que se atribuyen competencia para determinar deudas y decidir embargos sobre activos argentinos son ilegales a la luz de la doctrina Drago. Y resulta alarmante que los defensores de la Argentina no hayan utilizado nunca esta defensa jurídica.

e) Y, finalmente, esta crisis nos deja también una lección a todos los argentinos. Debemos entender de una buena vez que no hay crecimiento económico sustentable ni proceso alguno de acumulación de riquezas ni inversiones ni calidad de vida de los que menos tienen, ni redistribución, en serio, del ingreso, sin vigencia plena de la ley y sin una justicia independiente.

Esto no es poesía política, sino elemental realismo económico. Basta ver el mapa del mundo de siglo XXI para advertir que la riqueza de las naciones y la calidad de vida de sus habitantes no pasa por discursos prepotentes de pseudoprogresismo, sino por la riqueza de sus instituciones. Y riqueza institucional es, simplemente, respeto a la ley por parte de todos. Y en esta crisis, lo que ha aparecido es la ley como freno a claros abusos de poder. Una marcada irresponsabilidad política impregnada de impunidad ha sido corregida por la ley.

Este es el mensaje; lo demás es secundario.

© LA NACION

Los autores son diputados nacionales (Coalición Cívica y Pro)

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