Criterios interpretativos de la Constitución en relación a la convocatoria a sesión para el tratamiento de los DNU

Por Dr. Pablo Noceti

El Art. 63 de la Constitución Nacional establece que: Ambas Cámaras se reunirán por sí mismas en sesiones ordinarias todos los años desde el primero de marzo hasta el 30 de noviembre. Y que las mismas, pueden ser convocadas extraordinariamente por la presidente de la Nación.

Por otra parte el Art. 99 inciso 3º cuarto párrafo establece que el Poder Ejecutivo tiene entre sus atribuciones excepcionales, la de dictar decretos por razones de necesidad y urgencia. La propia Norma constitucional citada, establece que el dictado de decretos de esta índole, pone en funcionamiento un proceso, que se encuentra regulado expresamente en el texto constitucional citado.

Ese procedimiento consiste en que, el Jefe de Gabinete de Ministros personalmente y dentro de los 10 días debe someter la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, la que también tiene 10 días para elevar su despacho (Art. 99 inc. 3º cuarto párrafo y Art. 19 de la ley 26.122) “… al plenario de la Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras.”

El Art. 20 establece, para el caso que la Comisión Bicameral no hubiese elevado el despacho dentro del plazo de 10 días, que igualmente las Cámaras se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto de que se trate, de conformidad con lo que establece el Art. 99 inc. 3º y el Art. 82 de la C.N.. El espíritu del legislador, ha sido el de dotar a las cámaras de la facultad de avocarse al tratamiento de la validez o no del DNU, independientemente de la existencia de un despacho de la Comisión Permanente la que sesiona aún durante el receso del Congreso (Art. 6 de la ley 26.122), y sin condicionar esta posibilidad a que nos encontremos dentro del lapso de sesiones ordinarias, es que es precisamente aquí, que se regula la intención del Constituyente de que el tratamiento de esta revisión, se haga en forma INMEDIATA, como lo estatuye el Art. 99 inc. 3º cuarto párrafo.

El titulo del Art. 20 de la ley 26.122, reza precisamente: “Tratamiento de oficio por las Cámaras”, precisamente porque les impone, a los Congresales, la obligación de tratar el tema sin que ni siquiera la Comisión Bicameral los condicione a la confección de su dictamen.

La única interpretación posible que se deriva del juego armónico de estas normas Constitucionales y legales citadas, es que, el dictado de un DNU, implica de una manera larvada, la convocatoria por parte del Poder Ejecutivo, a una sesión extraordinaria para que se le convalide, o no, esta utilización excepcional de dictar leyes en virtud de la urgencia, ello así ya que, la REGLA, es la que el propio Art. 99 inc. 3º segundo párrafo establece –El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo-.
El Art. 99 inc. 3º cuarto párrafo de la C.N. estableció, un verdadero procedimiento sumarísimo para las urgencias.

No se puede pues sostener, que el Poder Ejecutivo desconozce que al ejercer esta facultad excepcionalísima, como es la de legislar, pone en funcionamiento inmediato este procedimiento sumarísimo para la revisión y convalidación de esta actividad legisferante, que solo en forma transitoria y excepcional ejerce. De ello se deduce claramente que, conociendo la norma constitucional citada, el Poder Ejecutivo, al emitir un Decreto de Necesidad y Urgencia, dentro del periodo de receso del Congreso, esta convocando a una sesión extraordinaria para que trate este tema puntual y NO otro.

Si a ello se le suma, que el Art. 24 de la ley 26.122 establece que los derechos adquiridos durante la vigencia del DNU, aún cuando fuera luego, derogado por ambas Cámaras, resultan ser, valga la redundancia, adquiridos, por las implicancias de ello, y las consecuencias gravísimas que se pueden derivar por la vigencia de esta “norma”, no se puede interpretar la voluntad del legislador de otra manera que esta, de que, se debe abocar el Congreso a la inmediata refrenda o no del DNU en cuestión. No hacerlo en forma inmediata, implicará una clara cesión, de sus exclusivas facultades legisferantes por parte del Congreso, en favor del Poder Ejecutivo, lo que haría tambalear la forma Republicana de Gobierno que implica la necesaria división de poderes, en la que ninguno de ellos invada la exclusiva función de cada cual. De ello se colige que, no se trata de que el Congreso realmente posea facultad de autoconvocarse a una sesión extraordinaria, sino que quien convoca sigue siendo el Poder Ejecutivo, el que, al decretar de urgencia, pone en funcionamiento este procedimiento de emergencia tendiente a resguardar, la función del Congreso de crear las leyes.

Interpretar la Constitución de otra manera, implicaría sostener que el Constituyente, “ex profeso” sembró, dentro de la propia letra de la Carta Magna, la semilla del propio desequilibrio entre los poderes, que es lo que no puede caracterizar a ninguna democracia.

Es que, entendámoslo, la regla es que el Poder Ejecutivo no puede legislar. Esta excepción por razones de urgencia, que obviamente deben estar debidamente fundadas, por el principio de la razonabilidad de los actos de gobierno, solo se le reconocen, en la Constitución, en forma transitoria, es decir hasta tanto el procedimiento sumarísimo de revisión por el Congreso se haya terminado.

Es que, es la propia Constitución la que esta disponiendo el tratamiento inmediato, sin adentrarse en distinguir en que periodo de sesiones se encuentre el Congreso.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido desde tiempo inmemorial, que las normas deben ser interpretadas de forma armónica, de tal manera que ninguna aparezca como desprovista de sentido, no pudiéndose razonar como que el legislador ha incurrido en una contradicción o no ha previsto una situación. Es más en (Fallos: 1:300) la Corte sostuvo: “Se reconoce como principio inconcuso, que la interpretación de las leyes debe hacerse siempre evitando darles aquel sentido que ponga en pugna sus disposiciones destruyendo las unas por las otras, y adoptando como verdadero, EL QUE LAS CONCILIE Y DEJE A TODAS CON VALOR Y EFECTO”.

Si se pretendiese sostener que un DNU no puede ser revisado por el Congreso durante su receso, se estarían interpretando las normas constitucionales en forma contrapuesta, pues esto implicaría hacer cesar la operatividad del Art. 99 inc. 3º cuarto párrafo, que ordena que el Congreso revise de inmediato. Se estaría interpretando que el Constituyente no previó esta situación, optando por la vigencia del Art. 63 en desmedro del Art. 99 de la C.N.. Nada autoriza a interpretar que existe una contradicción entre ambas normas de igual rango, porque además no resulta razonable que así sea por los motivos que antes expusiera, entre los que hacía referencia a que el legislador, necesariamente tuvo que tener como norte, la preservación de la forma republicana de gobierno que implica una necesaria división de poderes, en la que ninguno invada las esferas de competencia del otro. La única interpretación que evita poner en pugna lo dispuesto en el Art. 63 con lo dispuesto en el Art. 99 inc. 3º cuarto párrafo, es la que se efectúa en estos párrafos, por cuanto optar la considerar que solo rige la convocatoria expresa, implica dejar sin valor y efecto, la manda de la inmediatez en el tratamiento de la validez del DNU, precisamente porque esta interpretación, guarda coherencia y coadyuva al respeto del principio contenido en el mismo Art. 99 inc. 3º segundo párrafo que establece como regla la prohibición del Poder Ejecutivo de “… emitir disposiciones de carácter legislativo”

Dr. Pablo Noceti – Asesor jurídico de la Diputada Nacional Patricia Bullrich.

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